La estabilidad institucional es un pilar fundamental para el desarrollo económico y la tranquilidad social en Guayas. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, han generado una profunda preocupación en la comunidad empresarial y ciudadana de la provincia. Al lanzar una amenaza velada a los jueces bajo la consigna de que "o se enderezan o se corrigen", el Ejecutivo está sembrando la semilla de un control político sobre el poder judicial, un escenario que resulta altamente peligroso para el Estado de Derecho.
Para Guayaquil y sus cantones, donde el dinamismo comercial depende de certezas legales claras, esta postura del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Interior representa una amenaza directa. La idea de reemplazar a jueces probos por figuras cuestionadas no solo debilita la independencia judicial, sino que también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden público y la resolución imparcial de conflictos.
Desde una perspectiva pro-mercado y de seguridad, la justicia debe ser un garante neutral, no un instrumento de corrección política. La incertidumbre jurídica resultante de estas maniobras afecta negativamente a las inversiones privadas y a la percepción de seguridad en la provincia. Es imperativo que las autoridades respeten la autonomía judicial para mantener el equilibrio institucional necesario para el progreso de Guayas.
